ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Esta semana escuchaba en las noticias una nueva versión del mismo problema que nunca acabaré de entender, se comentaba que tras el gravísimo accidente ferroviario de Santiago de Compostela, se iba a llevar a cabo una revisión de los sistemas de seguridad porque por lo visto algo falla…. creo que sobran los comentarios.

Hace ya años, tras varios incendios en discotecas, se modificó la normativa al respecto; tras la catástrofe del camping de Biescas alguien se dio cuenta de que el cauce de una rambla o las zonas inundables no son los sitios más adecuados para acampar; tras el desastre de Bhopal y posteriormente de Seveso se creó la normativa de accidentes graves…. etc, etc, …. siempre después, un lapso de tiempo que sencillamente implica que la gente muere por falta de previsión,  planificación y gestión.

F12

Centrándome en el último apartado, desde que hace algunos años asistí a unas jornadas sobre la Normativa Seveso y su relación con la Ordenación del Territorio, pude comprobar y de hecho lo sigo haciendo como un tema de tal importancia puede ser pasado por alto con tanta facilidad y durante tanto tiempo. Tenemos una Directiva Europea y el RD 1.254/99 que transpone al ordenamiento jurídico español la misma; a partir de aquí le toca a las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias su desarrollo y llegamos entonces a un problema con las siguientes variables:

– Caso de una nueva instalación (es el más sencillo, se trataría de imponer restricciones).

– Caso de una instalación existente aislada en el desierto (también es sencillo, se trata de limitar los posibles usos futuros en su entorno).

– Caso de una instalación existente con otros usos en sus proximidades también existentes…. ¿Y ahora qué? ¿Cerramos la fábrica? ¿Echamos a la gente de sus casas para que dejen de estar en peligro? ¿Qué derecho es más válido, el del industrial que ha cumplido todo lo que la administración le ha exigido o el del propietario al que nadie informó del peligro que corría?.

Llegado a este punto leo discusiones sobre los sistemas de evaluación más adecuados, sobre quienes deben ser los responsables de su control e incluso clasificación de elementos como vulnerables y muy vulnerables que llegan en determinados casos a depender del número de personas, es decir, si sólo mueren tres o cuatro personas es vulnerable, se puede acercar más a la instalación, ahora, si son más ya pasaría a ser muy vulnerable y se tiene que alejar…. ¿Estamos locos o qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué legislador puede tener la capacidad de definir el número de bajas asumible a cambio de no trastocar un interés económico?.

El mayor problema no se encuentra en el contenido de estas discusiones, sino en el hecho de que mientras discuten la casa sigue sin barrer, las viviendas se siguen aproximando a instalaciones existentes, los espacios residuales de los planes parciales colindantes con industrias son precisamente los que los promotores no quieren para viviendas y en ocasiones se usan para otros usos como por ejemplo escuelas y guarderías; las grandes instalaciones se amplían en muchos casos empeorando una situación ya deficitaria y en definitiva el problema lejos de resolverse va añadiendo nuevas variables y derechos adquiridos.

Es evidente que se trata de un problema de gran complejidad, pero precisamente por ello requiere una gran dedicación, implicación y respuesta; veo que algunas Comunidades Autónomas trabajan seriamente la cuestión, pero la tendencia generalizada es simplemente la de la inactividad, ¿qué estamos esperando? ¿necesitamos un nuevo Bhopal o Seveso para reaccionar de una vez? ¿No ha llegado la hora de asumir responsabilidades?

  1. Enrique García de la Calera

    Pues sí, yo también me había fijado en que se comienza a estudiar el tema de la seguridad tras cada accidente. ¿Aprenderemos algún día?. Mientras tanto, virgencita que me quede como estoy…

  2. Antonio Clemente

    Independientemente de su complejidad, que es muy alta, esta cuestión responde siempre a dos principios: el principio de autoridad, que siendo legítimo en un régimen democrático, ningún mandatario se atreve a ejercer por las consecuencias que pueda tener en las próximas elecciones. Y la educación que implica la evaluación racional del conocimiento, que la sociedad o carece de ella o no quiere ejercerla, casi siempre por intereses inconfesables. Esta cuestión, si bien no explica el fenómeno en su complejidad, si creo yo que da las claves para empezar a entender el problema. La dejadez de quién no quiere asumir su responsabilidad, por lo que pueda pasar, y el egoísmo personal del que antepone sus intereses particulares, confesables o no, a los públicos. Y dejo un comentario para la reflexión: la suma de los intereses privados nunca es igual al interés público.

    • Juan de Dios Moreno Moñino

      Creo que has dado en el clavo Antonio, cobardía política + dejación de funciones (entre las que debería estar velar por la seguridad de los ciudadanos) + pasividad social (por desconocimiento o simplemente por tener una escala de valores fuera de toda lógica).
      Un saludo.

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