Como continuación al post anterior, hoy trato de bucear en posibles soluciones a nuestro paisaje de crisis generado por obras paralizadas de promotores arruinados o que simplemente no les interesa continuar.

Promotores que arrancaron obras cuando comenzaba el declive y no tuvieron tiempo de reacción o no supieron hacerlo; la oferta era brutal, la demanda bajó y el crédito se cerró, con lo cual la impensable situación de no vender lo que estabas construyendo (fuera lo que fuera y donde fuera) se hizo realidad. Ante esta situación, bien las entidades bancarias dejaron de pagar certificaciones o simplemente el promotor decidió que no debía seguir invirtiendo con tan alto nivel de riesgo; dando lugar entre todos al fantasmal paisaje de nuestras ciudades (fundamentalmente de sus zonas de ensanche).

La bajada de precios de vivienda junto, en muchos casos, con la irreal valoración hipotecaria (realizada por dudosos profesionales, admitida por numerosas entidades financieras y permitida por los órganos de supervisión) ha dado lugar a que lo ejecutado por los promotores vale menos que lo prestado por los bancos, con lo cual ya no tengo claro si el problema es del primero o del segundo.

Siempre he defendido que «el riesgo dignifica el beneficio», por tanto nunca he criticado al promotor que legalmente ganaba millones en sus promociones; él arriesgaba  y recogía beneficios, por tanto el que quisiera tenía la puerta abierta, sólo había que saber hacer y arriesgar; ahora bien, «riesgo» significa que te puede salir mal con lo cual igual que a las buenas recogimos beneficios ahora son las malas y toca pagar.

No obstante lo anterior, ya he dicho antes que el promotor no era el único actor en esta función; las sociedades de tasación contaminadas ganaron mucho dinero a base de tasaciones «a medida», los bancos obtuvieron beneficios espectaculares y los órganos de control simplemente no hicieron nada, por tanto a todos les toca bajo mi punto de vista responder en este momento.

Los promotores deben cumplir su obligación de edificar en plazo (fijada en licencia) y si no pueden o no les interesa, deberán malvender, aunque se pierda dinero o no se cubra ni siquiera la deuda pendiente, recordemos que estábamos en un deporte de riesgo y hemos perdido, al menos su cuenta será menos negativa.

Las sociedades de tasación corruptas deberán pagar su falta de ética y profesionalidad, con la misma responsabilidad que se nos exige a cualquier profesional.

Las entidades financieras, como beneficiarias del sistema creado, deberán participar en la solución, bien abriendo crédito, bien haciendo quitas o bien como socio capitalista.

Por último los órganos de control y administraciones que no velaron, deberán responder poniendo los medios económicos o legales para resolver el problema.

No existe legislación que sustente esta línea de actuación, pero las leyes están para resolver problemas y cada día vemos como nacen, se derogan o se modifican, por motivos muchas veces caprichosos, partidistas o de dudoso interés, por tanto no me vale la respuesta de «… la ley no contempla este supuesto…».